Laboral

Boti García Rodrigo en la presentación de  la plataforma
22/02/2012

Manifiesto en Defensa del Estado del Bienestar y los Servicios Públicos

Formamos, junto a otras 39 entidades, una plataforma signataria de este manifiesto

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobiernos de recortar el gasto social, a través del deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos. Es deber de la ciudadanía defenderlo y propugnar unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad.

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la vida económica y social. Quienes suscribimos este Manifiesto no compartimos esa visión y la realidad está confirmando que estas políticas no solo no han contribuido a ir superando la crisis, sino que la están manteniendo y agudizando; además de aumentar las desigualdades entre poblaciones y países, conduciendo al fracaso los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la lucha contra el hambre y la pobreza, compromisos contraídos por España y exigencia ética de toda la sociedad.

La crisis ha incrementado las desigualdades sociales. En España, a la desigual distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad, la descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto público, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además un injustificado derroche de recursos de la sociedad.

La crisis económica no ha afectado a todos por igual, ni a todas las fuentes de renta con la misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. Sin recursos suficientes, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación equitativa de los recursos públicos que redunde en el progreso social y económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.

La protección integral y la universalización de la cobertura, parte indispensable del Estado Social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garanticen de forma real y efectiva los principios de igualdad, libertad y participación. Por ello nos preocupa que la crisis sirva también de excusa para un retroceso en los derechos civiles ya alcanzados o en el avance en los derechos constitucionales que todavía no han sido aplicados a todos los colectivos de los empleados públicos por igual. También queremos destacar los riesgos de aumento de la discriminación de las mujeres o las consecuencias de la reducción de los servicios de prevención y atención en violencia de género.

La convergencia de las políticas de bienestar social y las propuestas relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea que, ahora, está siendo un escenario de confrontación ideológica entre quienes defendemos la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección social, y quienes reducen su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. La ausencia, relajación e irresponsabilidad de los instrumentos de control público de los mercados y de las propias administraciones han contribuido a la gravedad de la crisis.

La nueva estrategia europea se orienta hacia el saneamiento de las variables macroeconómicas
y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en detrimento de los derechos sociales
y los servicios públicos. Las propuestas de carácter neoliberal están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para renunciar a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizar la cobertura de necesidades y tutelar los derechos sociales fundamentales.

Nosotros no compartimos esas propuestas. Consideramos que los servicios de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello exigimos a los Gobiernos que rectifiquen en la orientación de las políticas sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social.

Defendemos la gestión pública directa, como mejor fórmula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelar el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social y de evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Exigimos la reorientación de la política económica, retomando el objetivo de su reconversión hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social, ni la creación de empleo.

Apostamos por otra salida de la crisis: solidaria, redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación social.

El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. La evolución de los estados democráticos en Europa ha estado vinculada al desarrollo del Estado de Bienestar Social, conocido como el Modelo Social Europeo. Un modelo basado en la redistribución de la riqueza como elemento corrector de las insuficiencias de la economía de mercado y de solidaridad entre la ciudadanía, llevado a cabo a través de sistemas fiscales progresivos y justos y del gasto social equitativo y eficaz, contrapuesto a los modelos liberales que afrontan las necesidades sociales con acciones de beneficencia, sin reconocimiento de derechos subjetivos y apelando al individualismo y al mercado.

El gasto del Estado se ha venido financiando en proporción creciente con deuda, que hay que devolver con sus correspondientes intereses, en lugar de recurrir a la fiscalidad. En los años de la crisis, las cuentas públicas de España han sufrido un grave deterioro, pero el diferencial más relevante, tanto cualitativo como cuantitativo, de la economía española con los países de su entorno está en los ingresos tributarios. Mientras que en la media de la UE los ingresos tributarios solo bajan 0,9 puntos de PIB, en España se desploman en 6,5 puntos debido a las rebajas fiscales, el hundimiento de las operaciones inmobiliarias, junto al alto volumen de economía sumergida y del fraude fiscal.

Es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados de Europa.

Es necesario ampliar el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit. La reciente y precipitada reforma constitucional, a la que nos opusimos activamente por la forma y el fondo de la misma, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los intereses de mercado. En este sentido, la reciente reforma laboral introduce nuevos mecanismos que facilitan el despido en el sector público, lo cual supone una


amenaza para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, así como un riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios.

Defendemos unos servicios públicos, eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo, y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resultan imprescindibles. En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%. Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público. Por ello, rechazamos cualquier medida encaminada a reducir la presencia y protagonismo de los servicios públicos en nuestra sociedad.

El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis.

La evolución de nuestro gasto social, históricamente deficitario, no se ha correspondido con el crecimiento económico experimentado hasta 2007 y su reciente incremento se ha debido básicamente al aumento del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de dependencia; seguimos presentando un importante déficit con respecto a la media europea de 4’4 puntos del PIB (6’5 puntos si excluimos el gasto en desempleo). El Estado español debe reducir esta diferencia por lo que no puede permitirse una pérdida de gasto social sin poner en riesgo la calidad, la universalidad y la equidad alcanzada en los distintos sistemas de protección social.

Las políticas de ajuste en los servicios públicos no resuelven los problemas de nuestro país sino que provocan un agravamiento de la situación actual, por lo que la solución pasa por invertir la ecuación y centrarse en crear medidas que impulsen la recuperación económica para la generación de empleo.

Las organizaciones y entidades firmantes de este Manifiesto, en base a los principios y contenidos del mismo, se constituyen en Plataforma Social para la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos con el objetivo de trasladar a la sociedad el modelo social basado en la justicia, los valores democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.

Madrid, 20 de febrero de 2012